La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural ha acordado hoy la distribución de fondos agrarios entre las comunidades autónomas por un montante de 69,2 millones de euros.
El ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha distribuido a las comunidades autónomas los 50.174.300 euros de la reserva agrícola de la Unión Europea asignados a España para apoyar a los agricultores y ganaderos más afectados por el incremento de los costes de producción como consecuencia de la crisis en Oriente Próximo.
El Gobierno de España ha optado por poner estos fondos europeos a disposición de las comunidades autónomas, en lugar de articular una nueva ayuda centralizada, para que puedan destinarlos a complementar las medidas ya aprobadas por el Ejecutivo con mayor flexibilidad y atender otras necesidades específicas en del sector agrario en sus territorios.
La ayuda europea concede esta financiación de emergencia a los agricultores cuya viabilidad económica se ha visto afectada por la crisis. Los recursos deberán destinarse a medidas que compensen los incrementos de los costes de los fertilizantes, de la energía o de ambos, teniendo en cuenta las pérdidas económicas sufridas.
El fondo de reserva se suma al Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, puesto en marcha por el Gobierno con fondos estatales mediante el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, y que contiene medidas específicas para los sectores agrario y pesquero que suman ya, con las dos prórrogas aprobadas, 1.174 millones de euros.
DIVERSAS REALIDADES TERRITORIALES
La normativa no impone un modelo único de ayuda. Cada comunidad autónoma podrá determinar los sectores, superficies y beneficiarios a los que dirige su asignación. De este modo, podrán reforzar el apoyo a explotaciones ya atendidas por la ayuda estatal o establecer actuaciones distintas allí donde identifiquen necesidades adicionales.
Además, las comunidades autónomas podrán aportar adicionalmente fondos propios por un importe de hasta el 200 % de la asignación que les corresponde con cargo a la reserva agrícola.
Las ayudas de la reserva agrícola pueden cubrir hasta el 100 % de los sobrecostes justificados de fertilizantes y energía. En todo caso, deberán evitarse las distorsiones del mercado y las situaciones de sobrecompensación con otras ayudas nacionales o europeas recibidas para los mismos costes.
El reparto territorial de estos 50,1 millones de euros se ha realizado tomando como referencia la superficie agraria útil correspondiente al año 2024 comunicada a Eurostat, por tratarse de una fuente estadística oficial, homogénea y común para todas las comunidades autónomas, que recoge el conjunto de la superficie agraria sin excluir ninguna orientación productiva.
Todas las comunidades autónomas han expresado su interés en utilizar los fondos y su conformidad con las asignaciones comunicadas.
La distribución territorial de estos fondos se puede consultar en el pdf adjunto.
España comunicó a la Comisión Europea el 30 de septiembre de 2026, dentro del plazo previsto, las condiciones de las medidas trasladadas por las comunidades autónomas.
Las ayudas con cargo a la reserva agrícola deberán pagarse como máximo el 28 de febrero de 2027, mientras que la financiación complementaria de las comunidades autónomas podrá abonarse hasta el 31 de mayo de 2027.
19,1 MILLONES DE EUROS PARA SANIDAD ANIMAL
La Conferencia Sectorial ha acordado también la distribución entre las comunidades autónomas de 19,1 millones de euros para financiar distintas actuaciones en materia de sanidad animal para el control y erradicación de enfermedades. Este reparto fue autorizado ayer por el Consejo de Ministros.
La distribución territorial de estos fondos se puede consultar en el pdf adjunto.
Entre las medidas que se financian figura el apoyo al programa nacional de control y erradicación de la tuberculosis bovina para compensar la falta de cofinanciación europea. Así como las indemnizaciones tramitadas en 2026 en apoyo a la gestión de focos de la influenza aviar y de dermatosis nodular contagiosa (DNC), que incluye el vaciado sanitario de explotaciones y la aplicación de vacunas frente a la DNC, con una colaboración financiera del 50 %.
También se apoya la adquisición de vacunas de lengua azul en territorios en los que se haya detectado circulación de nuevos serotipos durante el año 2024 (Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Murcia).
El compromiso del Gobierno por mantener y mejorar la sanidad animal es firme. Desde el año 2018, el importe total distribuido en apoyo a la lucha contra las enfermedades animales ha alcanzado 142 millones de euros.
CONSEJO CONSULTIVO DE POLÍTICA AGRARIA Y PESQUERA
El ministro ha informado en el Consejo Consultivo de Política Agraria y Pesquera Común, celebrado también hoy, sobre la posibilidad de que la próxima semana el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea alcance un acuerdo político sobre la futura Política Agraria Común (PAC) 2028/2032.
La última propuesta de la Presidencia irlandesa recoge la aspiración de España de conseguir una dotación de fondos equivalente a la del actual periodo mediante la aplicación de dos mecanismos que podrían complementar la asignación inicial y cuya aplicación deberá decidirse a nivel europeo o nacional.
SIMPLIFICACIÓN DE LA POLÍTICA PESQUERA
En materia de pesca, el Consejo de Ministros de la próxima semana analizará el informe sobre simplificación, aplicación y ejecución presentado por la CE en el que, según el ministro, no hay suficientes avances. La Comisión debe avanzar, a la mayor brevedad, en asuntos como la adopción de Totales Admisibles de Captura (TAC) y cuotas plurianuales y en adelantar las decisiones sobre éstas para que la flota no tenga que esperar a diciembre para conocer las posibilidades de pesca y que pueda tener más previsibilidad y estabilidad. También debe abordar la modificación del plan plurianual del Mediterráneo.
España también reitera su reclamación de simplificación del reglamento de control y avanzar en la simplificación de la Política Pesquera Común en cuestiones que inciden en la renovación de la flota y el relevo generacional o en la reducción de cargas burocráticas para acceder a las líneas de financiación.
Respecto a los acuerdos comerciales con los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), entre los que se encuentra Filipinas, España mantiene una posición defensiva respecto de las conservas y preparados de atún.
Se trata de productos especialmente sensibles para España. Cualquier acceso preferencial al mercado europeo debe estar condicionado al cumplimiento de requisitos equivalente en ámbitos esenciales como la sostenibilidad medioambiental y pesquera o la lucha contra la pesca ilegal, por ejemplo.
