El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado hoy que España trabaja con las comunidades autónomas para conseguir un acuerdo satisfactorio para sus intereses nacionales sobre la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034, y ha apelado a las consejeras y consejeros autonómicos a mantener la unidad para reforzar el posicionamiento español en la recta final de las negociaciones en el seno de la Unión Europea (UE).
La presidencia de turno irlandesa del Consejo tiene previsto que en este semestre quede cerrado el acuerdo político sobre el reglamento de la futura PAC, por lo que urge que los distintos Estados miembros se posicionen sobre aspectos fundamentales de la configuración del nuevo modelo.
Luis Planas ha presidido hoy los Consejos Consultivos de Políticas Pesquera y Agrícola para Asuntos Comunitarios en los que se han debatido las cuestiones concretas planteadas a las comunidades autónomas con el objetivo de buscar el posicionamiento común. “Si nos mantenemos unidos ganamos, si no lo estamos tenemos muchas posibilidades de fracasar”, ha asegurado el ministro.
Planas ha recordado que hace justo un año, el Gobierno y las comunidades autónomas cerraron un acuerdo sobre una posición común, refrendado también por las cooperativas agroalimentarias y las organizaciones profesionales agrarias, sobre tres cuestiones esenciales de principio: que la nueva PAC tuviera una dotación económica suficiente, al menos la misma que en el actual periodo, que se mantenga como una política diferenciada del resto, con personalidad jurídica propia, y que no se produjera la renacionalización de la financiación propuesta inicialmente por la Comisión.
Y ha destacado que por la fortaleza de esa posición común, compartida con una veintena de Estados miembros, la Comisión ha ido modificando su propuesta inicial. Ahora ya está garantizado que la PAC tendrá su reglamento específico, al margen de los Planes Nacionales y Regionales de Asociación (PNR). Además, el ministro ha señalado que en el momento actual de la negociación se perfila la consecución de una dotación de fondos similar a la del periodo actual.
PRESUPUESTO
Así, ha explicado que España tiene ya garantizada una asignación de 37.235 millones de euros de fondos reservados para PAC para el conjunto del periodo 2028-2034, que se completarán hasta prácticamente la cifra del actual periodo con la activación de dos mecanismos de flexibilidad. Por un lado, la reasignación para la PAC del 10 % de los fondos de los PNR que, por normativa, deben destinarse a las zonas rurales. Y, por otro lado, la revisión intermedia, mecanismo que debe ser refrendado por las instituciones europeas a expensas de como quede finalmente el Marco Financiero Plurianual (MFP), pero que cuenta con el apoyo del Parlamento europeo.
Ahora, ha recalcado el ministro, es fundamental mantener la unidad en torno a propuestas para incluir en el reglamento de la PAC. El Consejo Consultivo sobre Política Agrícola ha debatido cuestiones sobre las que debe definirse España relativas por ejemplo a la orientación de la Ayuda Decreciente a la Renta por Superficie (DABIS), que sustituye básicamente a la actual Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad, el pago a los pequeños agricultores, el establecimiento de topes máximos y mínimos, las ayudas asociadas, las intervenciones sectoriales o la arquitectura medioambiental.
Para que las comunidades se posicionen, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación les trasladó una batería de cuestiones sobre las que se ha realizado una puesta en común y debate en el Consultivo.
ARQUITECTURA DE LA NUEVA PAC
La arquitectura de la nueva PAC propuesta por la Comisión se articula en torno a 18 intervenciones, de las que 12 cuentan con un presupuesto reservado y, en cuatro casos con financiación exclusiva de fondos europeos (DABIS, ayudas complementarias a jóvenes, régimen simplificado de pequeños agricultores y ayudas asociadas). España defiende que el 10 % de las ayudas se destinen a jóvenes, cuestión respaldada por todas las comunidades autónomas, y mantendrá el nivel de las ayudas asociadas.
El resto de las intervenciones con presupuesto reservado si exigen, en este momento de la negociación, una cofinanciación nacional del 30 %, que España rechaza. Especialmente en las intervenciones vitivinícola y de frutas y hortalizas, exige el mantenimiento de la financiación europea como hasta ahora para evitar el riesgo de posibles distorsiones de mercado.
Las seis intervenciones sin presupuesto reservado quedan vinculadas a la asignación del Plan de Colaboración Nacional y Regional y entre ellas se encuentran el programa LEADER de desarrollo rural y las ayudas a la innovación. España defiende que estas intervenciones cuenten con una reserva presupuestaria propia, e igualmente mantiene la petición de una dotación específica para el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI) de Canarias, no recogida en la propuesta inicial, de al menos la misma cuantía que el actual, 268 millones de euros anuales.
ASIGNACIÓN INSUFICIENTE PARA LA PESCA
El el último año también ha habido una mejora en la propuesta inicial de la Comisión Europea sobre la asignación presupuestaria para los fondos de la pesca, que se ha elevado a 4.000 millones de euros, pero que, según ha explicado el ministro, para España resulta “claramente insuficiente”. El objetivo es elevarlo hasta una cifra equivalente a los 6.108 millones del periodo actual. España es el principal receptor de estos fondos.
El proceso de revisión de la Política Pesquera Común (PPC) va más retrasado porque la Comisión Europea aún no ha presentado su documento de propuesta. Planas ha reiterado que la nueva PPC y el fondo europeo para la pesca deben responder a los retos de futuro de la flota y orientarse hacia el relevo generacional mediante una modernización de la flota que, además de la descarbonización, disponga de buques más modernos, confortables y seguros.
El ministro ha señalado algunos de las principales propuestas de España orientadas a la flexibilización en el uso de los fondos para la pesca, como la eliminación del tope del 15 % del mismo para la adquisición de buques por jóvenes, la modernización de motores o el incremento de arqueo bruto, que son actuaciones estratégicas. También propone eliminar la prohibición de destinar ayudas a los buques de más de 24 metros de eslora, porque no se puede confundir tamaño, que está relacionado con mejores condiciones de habitabilidad, con la capacidad pesquera.
