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El ministro reitera que la Política Agraria Común es un seguro de rentas para los agricultores y ganaderos, que recibirán 4.800 millones anuales de ayudas directas en el periodo 2023-2027
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha realizado hoy un llamamiento a la responsabilidad para que el sector agrario aproveche todas las oportunidades que ofrece la nueva Política Agraria Común (PAC) que comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2023 y que “no pierda un solo euro” de las posibilidades de ayudas. En respuesta a una pregunta en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el ministro ha aludido a las voces “aisladas e irresponsables” que llaman a la no aplicación de los ecorregímenes, la principal novedad de la nueva PAC que remunera prácticas voluntarias de los agricultores y ganaderos en favor del medio ambiente y en la lucha contra el cambio climático y que supone el 23 % del presupuesto total de las ayudas directas. “Es una total contradicción, porque significaría disminución de fondos para los agricultores y ganaderos y disminución de objetivos ambientales que tendremos que cumplir, porque esta PAC pretende la rentabilidad, pero también la sostenibilidad ambiental”. Planas ha asegurado que la PAC supone un seguro de rentas para los agricultores y ganaderos españoles, con un volumen de ayudas directas de 4.800 millones de euros anuales en el periodo 2023-2027, y cuyo pago “está garantizado” desde que la Comisión Europea aprobó el Plan Estratégico Nacional para la aplicación de la reforma en España el pasado 31 de julio, algo que solo han conseguido 7 Estados miembros. El ministro ha reiterado que la PAC es un apoyo fundamental para el sector agrario, junto a la ley de la cadena alimentaria; la ampliación de la subvención a la contratación de seguros agrarios, que en 2023 ascenderá a 317,7 millones de euros; y los más de 1.000 millones de ayudas puestas en marcha por el Gobierno en este año. El ministro ha explicado que ahora es el momento de trabajar en la información y el asesoramiento para todos los beneficiarios, tarea en la que están implicadas además del ministerio las comunidades autónomas, las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias.
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