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HOY, EN EL PLENO DEL SENADO
11/12/2018
Defiende que los pagos directos de la futura Política Agrícola Común (PAC) se destinen al agricultor genuino y sitúa a la agricultura familiar, que supone el 80 % del conjunto de la agricultura española, en el centro de esta reforma
El ministro destaca que España apuesta por fijar límites máximos en la percepción de los pagos directos a partir de los 60.000 euros y la limitación del pago a partir de los 100.000 euros
La renacionalización y el recorte financiero de la PAC post 2020 son líneas rojas para este Gobierno, que asegura que debe ser una política común y que debe contar con presupuesto suficiente para hacer frente a los nuevos retos medioambientales o sociales
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado hoy en el Senado que el “auténtico” beneficiario de los pagos directos de la Política Agrícola Común (PAC) debe ser el agricultor genuino, definición que debe tener en cuenta la renta agraria, pero también la situación de los agricultores pluriactivos.
Para Planas la agricultura familia, que representa un 80 % de la agricultura española, debe estar en el centro de la reforma, porque es la que proporciona producción y empleo, según ha subrayado en la interpelación formulada por el senador popular Carlos Manuel Cotillas.
Planas, quien ha recalcado que la reforma de la PAC es “una cuestión de Estado”, ha remarcado que los agricultores y ganaderos tendrán que hacer frente a mayores exigencias medioambientales o sociales.
Por ello, deben poder contar con “al menos” la misma financiación –para España se trata de unos 7.000 millones de euros al año que benefician a unos 700.000 agricultores y ganaderos- que en la actual programación para asegurar la viabilidad de las explotaciones.
La lucha contra el cambio climático y la preservación del medio ambiente; la incorporación de jóvenes y de mujeres para luchar también contra el despoblamiento; evitar la renacionalización de la PAC y preservar el carácter “común” de esta política; al tiempo que permitir una flexibilidad para aplicar esta política a la realidad regional y sectorial; y la digitalización de la economía son otras de las claras apuestas del Gobierno para la reforma agrícola.
Una reforma que Planas ha reconocido que no se podrá aplicar hasta 2022 ó 2023, como consecuencia de las elecciones al Parlamento Europeo, pero que España y otros Estados miembros han solicitado a la Comisión Europea (CE) que adopte las medidas transitorias necesarias para que la actual PAC opere con normalidad hasta que entre en vigor la nueva.
Planas ha informado de que en enero se reunirá con las comunidades autónomas para acercar posiciones y negociar una “PAC fuerte y capaz de dar respuesta a los desafíos” a los que tendrán que hacer frente los agricultores y ganaderos.
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