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EN LA REUNIÓN CELEBRADA HOY POR VIDEOCONFERENCIA

08/04/2020
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha destacado el papel clave de las autonomías para utilizar las herramientas del Gobierno que favorecen la contratación temporal de mano de obra en el sector agrario, porque “están sobre el terreno y conocen las necesidades del sector”
En la reunión, el ministro también ha repasado las principales normas adoptadas en estas semanas para afrontar el impacto económico y social del COVID-19 y garantizar el funcionamiento de la cadena de abastecimiento de alimentación y bebidas y el tránsito aduanero
En el ámbito pesquero ha planteado la importancia de las medidas de flexibilización adoptadas, tanto para la flota de larga distancia y en terceros países, como para el caladero nacional

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha trasladado hoy a los consejeros y consejeras autonómicas del ramo su reconocimiento por la labor que desarrolla el sector agroalimentario y pesquero para garantizar el suministro de alimentos durante la actual situación de excepcionalidad por el COVID-19, y el apoyo del Gobierno a todos los eslabones de la cadena alimentaria, mediante las medidas adoptadas en el marco del estado de alarma.

 

Ha repasado, en un encuentro por videoconferencia, las medidas urgentes en materia de empleo agrario, publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para favorecer la contratación temporal de trabajadores en el sector agrario, ante la acuciante necesidad de contar con mano de obra suficiente para realizar las tareas imprescindibles en el sector agrario y que aseguren el abastecimiento alimentario.

 

En este sentido, ha apuntado que el real decreto-ley incorpora “un necesario elemento de flexibilidad” para que su aplicación se ajuste a las demandas de las necesidades del sector (esquileo, aclareo, recolección…) en cada autonomía.

 

“Son las comunidades autónomas las mejor situadas” para ayudar a planificar y poner en marcha, junto con las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas, esas medidas urgentes con los servicios de empleo de las propias autonomías, así como los estatales, y las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

 

“Si todos cooperamos tendremos una respuesta positiva a las demandas de empleo del sector agrario”, ha destacado el ministro. Planas ha resaltado que estas medidas ofrecen “soluciones locales a un problema de necesidad empresarial, de abastecimiento alimentario y de importancia sociolaboral” al permitir la compatibilización de algunas prestaciones con la percepción de un ingreso por trabajar en el campo (agricultura y ganadería).

 

Durante el encuentro, el ministro ha comunicado a los consejeros y consejeras que el mercado funciona con normalidad, dentro de la situación de excepcionalidad debido al COVID-19. Ha señalado que tanto la importación, especialmente la que se refiere a cereales y a piensos, como la exportación, se está desarrollando correctamente.

 

También ha repasado las principales normas puestas en marcha estas semanas y destinadas a garantizar el funcionamiento de la cadena de abastecimiento de alimentación y bebidas y el tránsito aduanero, así como para afrontar el impacto económico y social del COVID-19.

 

Los reales decretos-leyes de medidas urgentes de 17, 29 y 31 de marzo contemplan para el sector agrario una prestación extraordinaria para los trabajadores por cuenta propia o autónomos por cese de actividad, así como una línea de crédito de 20.000 millones de euros y una línea de avales para la cobertura de la financiación otorgada por entidades financieras a Pymes y autónomos.

 

Unas medidas que contemplan para los autónomos moratorias en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, atendiendo a excepcionales circunstancias o el apoyo a la industrialización para facilitar liquidez a las empresas y flexibilización en la contratación de suministros para Pymes y autónomos.

 

Y para el sector pesquero, la posibilidad de solicitar expedientes de regulación de empleo por causa de fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, que deriven en ambos casos de la incidencia del COVID-19, o la participación de la línea de garantías establecida por el ICO para empresas. Además la viabilidad de solicitudes de moratorias o aplazamientos de las cotizaciones a la Seguridad Social de empresas y trabajadores por cuenta propia.

 

Para reforzar esos objetivos, se ha dado curso a diversas medidas de flexibilización para facilitar el transporte de mercancías, que han permitido las autorizaciones en materia de transporte de animales, así como la flexibilización de los requisitos de descanso y condiciones de traslado durante este periodo, o el uso de alojamientos turísticos para trabajadores relacionados con el abastecimiento de productos agrarios y pesqueros.

 

NUEVAS MEDIDAS NACIONALES PARA EL SECTOR AGRARIO

El ministro también ha repasado algunas medidas nacionales que se elaboran para el sector agrario, como la flexibilización de determinados requisitos de carácter nacional relativos al Programa de Apoyo al Sector del Vino, a los programas operativos de frutas y hortalizas, al Plan Nacional Apícola y al régimen de autorizaciones de viñedo.

 

Ha explicado que se prepara un real decreto para implementar una medida de apoyo a los ganaderos de ovino y caprino, que permitirá establecer un régimen de sacrificio indemnizado para corderos, para dar salida al exceso de oferta de lechazos, afectados por el cierre de restaurantes.

 

Las CCAA han valorado esta medida, si bien han solicitado que se introduzcan algunas modificaciones al texto inicial. A este respecto, el ministro ha informado a las comunidades autónomas que, en base a las observaciones recibidas en el período de consulta, remitirá un nuevo borrador a comienzos de la semana próxima.

 

En relación al sector ganadero, el ministro ha puesto en valor el trabajo que realizan las comunidades autónomas en materia de saneamiento ganadero. Ha recalcado que mantener esta actividad es esencial para que las explotaciones ganaderas puedan seguir manteniendo su estatuto sanitario, clave para el comercio internacional.

 

Asimismo, el ministro ha celebrado que ya se haya publicado el reglamento que permitirá ampliar hasta el 15 de junio, el plazo de presentación de la solicitud única de ayuda de la Política Agraria Común (PAC) para el año 2020. Se trata de una petición realizada por España, entre otros Estados miembros, y se ha informado a las autonomías que, en breve, se publicará una orden ministerial para extender ese plazo a nivel estatal hasta esa fecha. En la citada orden también se establecerá para el 30 de junio el plazo para la presentación de modificaciones de la solicitud única.

 

MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN EN EL SECTOR PESQUERO

En el ámbito pesquero, Planas ha planteado la importancia de las medidas de flexibilización adoptadas tanto para la flota de larga distancia y en terceros países, como para el caladero nacional.

 

En el primer caso se ha logrado flexibilidad en la operativa del acuerdo con Marruecos; así como la renovación de todas las licencias, a partir del 1 de abril, para los importantes acuerdos de Mauritania y Guinea Bissau.

 

Para la flota del caladero nacional y de aguas de la Unión Europea, el más afectado por esta crisis por el cierre del canal Horeca, el ministro ha apuntado que el Gobierno ha adoptado medidas de gestión pesquera para mantener la actividad, en la medida de lo posible, al tratase de una actividad esencial.

 

Además, en el marco de las actuaciones para poner en marcha medidas de apoyo al sector pesquero afectado por el COVID-19, Planas ha resaltado la propuesta de modificación del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP), presentada por la Comisión Europea el 2 de abril, que incluye diversas medidas planteadas por España.

 

Esta propuesta recoge ayudas específicas para la paralización temporal en caso necesario; ayudas compensatorias a los productores acuícolas; reintroducción de las ayudas al almacenamiento, medida que se había eliminado en el año 2017 o el refuerzo de los planes de producción de las Organizaciones de Productores de la Pesca que, entre otras medidas, son esenciales para apoyar y lograr el mantenimiento de la actividad pesquera española.

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