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26 de enero del 2022

Hoy, en tercer Foro Participativo sobre la Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario que se ha celebrado en Pamplona

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El 71 % de las industrias agroalimentarias dispone ya de una estrategia interna definida para luchar contra el desperdicio alimentario

El ministro Planas ha recordado que la futura ley obligará a los operadores de la cadena alimentaria a asumir compromisos concretos

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado hoy que la industria alimentaria “se ha significado de forma muy importante en la lucha contra el desperdicio alimentario” y que con las actuaciones que ha puesto en marcha “ha avanzado a pasos de gigante” en su reducción. Planas ha reiterado la importancia de las inversiones en I+D+i para optimizar los recursos y lograr una mayor vida útil del alimento, mejorar las condiciones de conservación, innovar en el diseño de envases, producir a través de tecnologías limpias o desarrollar cadenas de valor eco-eficientes mediante la incorporación de sistemas digitales orientados a la eficiencia global.

 

 

El ministro Planas ha clausurado hoy la tercera entrega del Foro Participativo de la Industria Alimentaria sobre el anteproyecto de ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario, que ha organizado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Palacio Condestable de Pamplona y que sucede a las sesiones de Valencia (dirigida a consumidores y ONGs) y Barcelona (para la distribución y el canal Horeca). Se trata de una serie de jornadas sectoriales que tienen un carácter participativo y de recogida de experiencias y propuestas para poder proyectarlas en la propia Ley.

 

El ministro ha señalado que en la elaboración del anteproyecto de ley, el ministerio “ha hecho una recopilación del elevadísimo número de buenas prácticas empresariales y sociales que ya existen” para combatir el desperdicio alimentario. “No partimos de la nada”, ha reiterado, y ha destacado que la industria agroalimentaria  “está cada vez más concienciada sobre la necesidad de reducir el impacto económico, en sostenibilidad y ético” de este problema.

 

Ha recordado que apenas hace unos años las acciones de responsabilidad social relacionadas con el desperdicio se limitaban a donaciones de alimentos excedentarios. Hoy, cerca del 71 % de las industrias agroalimentarias disponen ya de una estrategia interna definida para luchar contra el desperdicio; más del 61 % de ellas promueve las buenas prácticas; y un 51 % impulsa acciones conjuntas con sus proveedores. En el aspecto de las donaciones, son más del 53 % las empresas del sector que tiene acuerdos estables con entidades sociales.  “Son datos para contar con orgullo”, ha afirmado.

 

Esta realidad, junto a la investigación e innovación, la formación de los empleados, el análisis de la eficiencia de los procesos, el control de existencias o el intercambio de información a lo largo de la cadena, entre otros, son ejemplos de prácticas cada vez más implantadas en la industria alimentaria. Todo ello sitúa a las industrias agroalimentarias en una buena posición para abordar las novedades del proyecto de Ley que Planas ha anunciado que tiene intención de llevar al Consejo de Ministros en primavera para su posterior tramitación parlamentaria.

 

RESPONSABILIDADES DEL GOBIERNO

Luis Planas ha situado esta iniciativa en el marco de los compromisos que tiene España con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como en las aspiraciones de las políticas comunitarias que también tienen fijado la reducción a la mitad del desperdicio alimentario. Poner freno a este fenómeno es uno de los aspectos más cruciales a la hora de articular sistemas alimentarios sostenibles y de economía circular.

 

El ministro Planas también ha recordado las dos metas concretas que se ha propuesto España, dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible y como parte del Informe Progreso 2021, que se presentó ante las Naciones Unidas el pasado mes de julio durante la celebración del Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible.

 

Se trata de la meta de haber revisado, para finales de 2022 y en colaboración con las instituciones comunitarias, la legislación referente a las fechas de duración mínima, caducidad y consumo. Y de la meta de haber reducido, para el año 2030, la generación de residuos alimentarios (el 50 % en el hogar y el comercio minorista y el 20 %, en las cadenas de producción y suministro). 

 

El Gobierno también adquirirá nuevas responsabilidades. Tendrá que elaborar un Plan Estratégico en coordinación con otros ministerios que definirá la estrategia general contra el desperdicio alimentario y las orientaciones y estructura que deberán seguir las comunidades autónomas en sus actuaciones en este ámbito.

 

Además, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, previa consulta al resto de ministerios implicados, deberá elaborar un Plan Nacional de control de las pérdidas y el desperdicio alimentario que contendrá los objetivos generales y prioridades a seguir y que se integrará en el Plan Estratégico. El MAPA también realizará un informe anual sobre los resultados de la aplicación del plan nacional del que tendrá que informar a las Cortes.

 

La ley impone, además, a las administraciones públicas la obligatoriedad de llevar a cabo campañas divulgativas así como elaborar de guías de buenas prácticas encaminadas a mejorar la gestión alimentaria.

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