Medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria

Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, publicada en el B.O.E. el 3 de agosto de 2013, entró en vigor el 3 de enero de 2014.


Finalidades de la ley

La ley tiene como finalidad mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria, de manera que aumente la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y se reduzca el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa que redunde en beneficio no sólo del sector sino también de los consumidores.


Estructura de la Ley

Para el cumplimiento de estos fines la ley se basa en un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena alimentaria.


Ámbito de aplicación de la Ley

El objeto de la ley son relaciones comerciales que se produzcan entre los operadores que intervienen en la cadena alimentaria desde la producción a la distribución de alimentos o productos alimenticios. Además, la ley amplía su ámbito de aplicación a animales vivos, piensos y materias primas para alimentación animal.

Se excluyen del ámbito de aplicación de la ley las relaciones comerciales:

  • de los agentes de la cadena alimentaria con otros operadores económicos que sean ajenos al ámbito alimentario, así como con los consumidores y el canal de hostelería.
  • además, la ley señala que no tendrá la consideración de relaciones comerciales y, por tanto, quedan excluidas de su ámbito de aplicación, las entregas de producto que se realicen a cooperativas agrarias y otras entidades asociativas, por parte de los socios de las mismas, siempre que, en virtud de sus estatutos, vengan obligados a su realización.


Regulación

La parte regulatoria de la ley consta de 2 elementos, los contratos alimentarios y las prácticas comerciales abusivas, siendo de obligado cumplimiento para aquellas relaciones comerciales que se desarrollen entre operadores que intervienen en la cadena alimentaria, desde la producción hasta la distribución.

Régimen de contratación

-En relación al régimen de contratación, se establece la obligación de formalizar por escrito los contratos alimentarios que se suscriban entre los operadores de la cadena, para garantizar la seguridad jurídica y la equidad en las relaciones comerciales, que serán formalizados antes del inicio de las prestaciones. Solo se aplica para transacciones comerciales a partir de 2.500 euros, cuando una de las partes es productor primario o una agrupación de los mismos o PYME, y el otro no, o cuando haya una dependencia económica de la otra parte.

-Se establece, además, la obligación de incorporar los elementos esenciales de los mismos (identificación de las partes, objeto, precio, condiciones del pago, entrega de productos, derechos y obligaciones, información a suministrar, duración y causas y efectos de la extinción) pactados libremente por las partes.

Prácticas abusivas comerciales

-En cuanto a las prácticas comerciales abusivas, se prohíben las modificaciones de las condiciones contractuales establecidas en el contrato, salvo que se realicen por mutuo acuerdo de las partes.

-Respecto a los pagos comerciales, se prohíben todos los pagos adicionales más allá del precio pactado, salvo en dos supuestos específicos: riesgo razonable de referenciación de un nuevo producto o a la financiación parcial de una promoción comercial.

-En relación con la información comercial sensible, no se podrá exigir a otro operador información sobre sus productos más allá de la que resulte justificada en el contexto de su relación comercial.

Sobre gestión de marcas se establece la obligación de los operadores de gestionar las marcas de productos alimentarios que ofrezcan al consumidor, tanto las propias como de otros operadores.

Asimismo, se prohíbe el aprovechamiento indebido por parte de un operador y en beneficio propio de la iniciativa empresarial ajena, así como las que constituyan publicidad ilícita por reputarse desleal.

Autorregulación

Los instrumentos de autorregulación creados por la Ley 12/2013 son el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria y el Observatorio de la Cadena Alimentaria. La regulación normativa de ambos es completada por el Real Decreto 64/2015, de 6 de febrero, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria

La autorregulación de las relaciones comerciales se centra en el establecimiento de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles

El Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria fue aprobado por Resolución de la Dirección General de la Industria Alimentaria de 10 de diciembre de 2015, publicada en el B.O.E el día 18 de febrero de 2015. Desde esa fecha más de 170 operadores y asociaciones representativas se han adherido al Código.

La finalidad de este Código es facilitar el desarrollo de las relaciones contractuales entre los operadores de la cadena alimentaria fomentando la observancia de las mejores prácticas en el desarrollo de dichas relaciones y la adecuación de las mismas a la Ley 12/2013 y a los principios que la inspiran.

A estos efectos la Ley creó un Registro Estatal, como instrumento público que agrupa a todos aquellos operadores de la cadena alimentaria que se adscriban al Código.

Observatorio de la Cadena Alimentaria

También, se crea este Observatorio que asume las funciones del Observatorio de Precios de los Alimentos y además:

  • informa de la propuesta del Código y realizará su seguimiento, así como el de las prácticas comerciales, dando traslado a la autoridad competente, si detectase incumplimientos de lo establecido en la ley,
  • fomenta las buenas prácticas y sistemas ágiles de resolución de conflictos entre las partes
  • analiza y estudia de forma continuada la estructura básica de los costes y de precios percibidos y pagados, así como las causas.

Control administrativo

Agencia de Información y Control Alimentarios

La Ley 12/2013 creó la Agencia de Información y Control Alimentarios, a partir de la anterior Agencia para el Aceite de Oliva, que desempeña funciones relativas al control del cumplimiento de la ley y de información y control de los mercados oleícolas, del sector lácteo y la de aquellos otros que reglamentariamente se determinen, dentro de la esfera de sus competencias.

Por último, incorpora mecanismos de coordinación entre las Administraciones Públicas para garantizar la Unidad de Mercado.

Novedades para mejorar la cadena alimentaria

El Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, ha incorporado a la Ley 12/2013  una serie de modificaciones entre las que cabe destacar:

  • La obligatoriedad de indicación de que el precio pactado por estos productores y su primer comprador, cubre el coste efectivo de producción y que si el precio de los productos tiene una parte variable, debe tenerse en cuenta necesariamente, entre otros factores, este último coste.
  • La regulación de las actividades promocionales de los productos alimentarios prohibiendo la banalización de los bienes primarios y exigiendo que las actividades promocionales se desplieguen en un marco equitativo de obligaciones y derechos. Las actividades promocionales no pueden inducir a error sobre el precio e imagen de los productos.
  • La prohibición de la destrucción de valor en la cadena alimentaria, de forma que cada operador de la cadena alimentaria deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción de tal producto en que efectivamente haya incurrido o asumido dicho operador.
  • Modificaciones en la tipificación de las infracciones en materia de contratación alimentaria, recalificando la gravedad de ciertas conductas que tienen que ver con la ausencia de los contratos o con algunos de los elementos más importantes, como es el caso del precio o la modificación unilateral de éste; la destrucción de valor de la cadena alimentaria y la realización de actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos.
  • La publicidad de las infracciones graves y muy graves, que hayan adquirido firmeza en vía administrativa, de las empresas que incumplan la normativa en los contratos con los agricultores y ganaderos para que el público tenga conocimiento de los operadores que han sido objeto de sanción por las autoridades competen.


    Convalidado este Real Decreto-ley, por el Congreso de los Diputados el 25 de marzo e iniciando su tramitación como Proyecto de Ley, se da paso a una segunda fase, cuya tramitación dio comienzo con fecha de 1 de abril mediante la consulta pública previa sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto. Esta fase incorporará al derecho español, la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, todas las figuras relativas a las prácticas de competencia desleal en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario, y se introducirán nuevas medidas de mayor calado.


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