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11 de noviembre del 2021

En el primer foro participativo para mejorar la futura ley contra el desperdicio alimentario

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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación inicia en el Centro Mundial para la Alimentación Urbana Sostenible de Valencia una serie de foros participativos para dar a conocer y recoger aportaciones de la sociedad civil contra el despilfarro de alimentos

El anteproyecto de ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario del Gobierno se encuentra en fase de audiencia pública hasta el próximo 1 de diciembre

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha trasladado a consumidores y organizaciones no gubernamentales (ONG) la necesidad de su implicación para erradicar el dilema ético que supone el desperdicio alimentario, puesto que se trata de un problema que apela a la sociedad en su conjunto. “La solución –según Planas- está también en nuestras manos, en las decisiones de compra que tomamos y en los hábitos de consumo que adoptamos”.

 

“Por eso”, ha indicado Planas, “tenemos que hacer partícipe al conjunto de toda la sociedad, desde la producción hasta el consumo, para que se implique en la elaboración y en la puesta en práctica de la futura ley contra el desperdicio alimentario”, porque “es mucho más eficaz hacer crecer nuestras conciencias que imponer multas. El ministro ha añadido que esta norma, dentro de las líneas de compromiso del Gobierno, “supondrá un gran paso en materia de justicia social, protección medioambiental y crecimiento económico”.

 

El ministro ha inaugurado hoy en el Centro Mundial para la Alimentación Urbana Sostenible (CEMAS), en Valencia, el primero de una serie de foros participativos sobre el anteproyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Son encuentros que organizad el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el fin de provocar la reflexión ética y generar un debate social sobre el desperdicio alimentario.

En este sentido, Luis Planas ha recordado que “el desperdicio de alimentos es un lujo que no nos podemos permitir ni a nivel individual ni a nivel global. No hay alimento más caro que aquel que acaba en la basura”.

 

Luis Planas ha señalado la necesidad de establecer unas reglas de juego comunes para toda la cadena agroalimentaria. Por parte del ministerio, el objetivo es conocer de primera mano los planteamientos, ideas e iniciativas de productores, industrias, distribución, restauración y sociedad civil para conseguir, así, que la futura ley tenga el mayor consenso posible y esté enriquecida con la experiencia y el conocimiento que cada segmento pueda aportar.

 

El ministro Planas ha recordado que, en España, tres de cada cuatro hogares tira comida a la basura y que, en un año como el 2020, ser desperdiciaron 1.364 millones de kilos de alimentos, 31 kilogramos por persona. Son cifras que llaman a actuar y que tienen implicaciones éticas muy profundas: por el hambre de casi 800.000 personas en el mundo; por los recursos escasos, como el agua, el suelo o la energía, que son esenciales para el planeta; y por el trabajo y esfuerzo de nuestros productores, que dan lo mejor para abastecer de alimentos sanos y seguros a la población. Además, la pérdida y el desperdicio de alimentos repercute de forma negativa en la seguridad alimentaria, en el acceso a los alimentos y el incremento de su precio.

 

En este contexto, el anteproyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario que se aprobó, en primera lectura, el pasado 11 de octubre en Consejo de Ministros es una prueba más del compromiso del Gobierno de España con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. La Ley, que consta de 15 artículos repartidos en cinco capítulos, cuatro disposiciones finales y una adicional, pretende establecer un modelo de buenas prácticas para evitar el desperdicio de alimentos con actuaciones a lo largo y ancho de toda la cadena alimentaria.

 

La Ley se encuentra en fase de audiencia pública y se pueden realizar observaciones hasta el próximo 1 de diciembre. El ministerio tiene habilitado un correo electrónico a tal efecto: leyPDA@mapa.es. Está previsto que, una vez que haga todo su recorrido habitual, podrá entrar en vigor el 1 de enero de 2023.

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