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08/04/2019
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha afirmado que el Plan Plurianual para las especies demersales en el Mediterráneo occidental, aprobado el pasado 5 de abril en el Parlamento Europeo, supone el mejor acuerdo posible, porque recoge prioridades defendidas por España y elimina propuestas planteadas en un principio por la Comisión Europea (CE), que resultaban inadecuadas para el correcto funcionamiento del sector.
El Ministerio ha destacado el equilibrio entre los aspectos biológicos y socio-económicos, conseguido en el Plan Plurianual para las especies demersales del Mediterráneo Occidental, aprobado el pasado 5 de abril en el Pleno del Parlamento Europeo.
Las negociaciones desarrolladas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación durante 2018, tras la presentación, por parte de la Comisión Europea, de la propuesta del Plan Plurianual, se centraron en una posición contraria al establecimiento de Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas para el Mediterráneo, ya que se considera un sistema poco apropiado para el tipo de pesquería multiespecificas que se practican en dicho mar, así como al establecimiento de una veda de 100 metros de profundidad en toda la franja litoral.
La posición española consideraba que alcanzar el Rendimiento Máximo Sostenible en 2020, resultaba socioeconómicamente insostenible y era necesario un periodo mayor para poder alcanzarlo de forma progresiva; además, era contraria al modelo propuesto para el cálculo de medidas de reducción del esfuerzo pesquero, y abogaba por la introducción de posibilidades de ayudas al desguace, en caso necesario.
Así, frente a la propuesta inicial de la Comisión europea para la reducción del esfuerzo de un 30% el primer año, se ha establecido una reducción del esfuerzo de un 10% el primer año, y hasta un máximo de un 30% adicional en los cuatro años sucesivos, en función de la situación de la pesquería. Es decir, solo se producirá la reducción adicional del 30% del esfuerzo pesquero, en los siguientes tres años, si se constata que la recuperación de los stocks no se produce.
Cabe destacar además, que finalmente se ha conseguido que se descarte la utilización de un sistema de gestión pesquera en el Mediterráneo basado en el establecimiento de TAC y cuotas.
Frente a la veda de 100 metros de profundidad en toda la franja litoral, contemplada en la propuesta de la Comisión, que tendría mayor impacto en la actividad pesquera, se ha establecido mayor flexibilidad con una veda de tres meses para los buques arrastreros hasta la isobata de 100m, o alternativamente la prohibición de faenar a menos de 6 millas náuticas desde la costa excepto en zonas con más de 100m de profundidad. Además, se ha conseguido que esta medida pueda sustituirse por la delimitación de otras zonas alternativas de veda, con la adecuada justificación científica, que garantice la supervivencia de al menos el 20% de los alevines de merluza.
En cuanto a la propuesta del establecimiento del Rendimiento Máximo Sostenible para 2020, se ha flexibilizado la consecución de este objetivo, hasta cinco años después de la aprobación del Plan, ya que la tardía presentación del mismo por la Comisión en mayo de 2018, hacía inviable alcanzar este objetivo en el escaso margen de tiempo disponible.
Finalmente, también se incluye la posibilidad de ayudas al desguace. Hay que recordar que estas medidas ya no se pueden financiar en el actual FEMP. Sin embargo, se ha considerado necesario contar con esta posibilidad que permitirá, en caso necesario, una salida ordenada del sector.
El Plan aprobado se basa, por tanto, en un régimen de esfuerzo que evita la aplicación de un Total Admisible de Capturas (TAC), en un entorno en el que las pesquerías multiespecificas no lo aconsejaban; la reducción de un 30% inicial a un 10% en el plan aprobado en el primer año de los días de actividad de la flota de arrastre; o la eliminación del establecimiento de una veda hasta la isobata de 100m sin otro tipo de alternativas.
Supone así un éxito para la gestión pesquera en el Mediterráneo, con las garantías para que la transición hacia la sostenibilidad de los recursos sea suave y asegure también la sostenibilidad económica y social.
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