Resumen: Con o sin ambigüedad, la Constitución española de 1978 proclama el principio de la libertad de empresa en el marco de la “economía de mercado”. La política agrícola de España, así como de un gran número de países occidentales, utiliza la política de precios y mercados agrícolas como una política de ingresos que busca equiparar el nivel de vida de la población agrícola con el del resto de la sociedad española, aplicando desde 1978 el artículo 130 de nuestra Constitución. Por lo tanto, la política agrícola española debe intentar alcanzar este objetivo separándose lo menos posible de la “economía de mercado”. En este artículo se analizan los diferentes mecanismos existentes para conseguirlo conforme a dos criterios fundamentales: a) institucional y b) economía del bienestar. Respecto al último criterio, se realiza una revisión de las aportaciones más importantes hechas por autores, principalmente de EE.UU. y Gran Bretaña, después de la segunda guerra mundial y, especialmente, en la última década a partir de 1969. De acuerdo con el análisis, se ofrece una panorama general con recomendaciones que la Administración debe tener en cuenta para la elaboración de la política agrícola española, que debido a su formulación contractual tiende a olvidar la apropiada asignación de recursos.